Chile con perspectiva negativa (y no es por el pacto fiscal)

El cambio de perspectiva de la deuda pública chilena desde estable a negativa realizado por la agencia clasificadora Standard & Poor’s (S&P) es una mala noticia que llega en momentos en que el país no crece, el desempleo aumenta y la situación fiscal se deteriora.

El ministro Marcel ha sugerido que la aprobación del pacto fiscal sería la solución a las deficiencias identificadas por S&P. Sin embargo, los problemas políticos y económicos que enfrenta nuestro país son mucho más profundos y complejos. Sería conveniente que, junto con hacer una autocrítica, el Gobierno enmiende el rumbo.

“La gestión económica y política del Gobierno está al debe y es por ello que Standard & Poor’s cambió el outlook de la deuda a negativo. No nos confundamos”.

La fragmentación política nos está impidiendo avanzar en las reformas que necesitamos. Se nos ha hecho imposible, por ejemplo, lograr una reforma de pensiones o alcanzar un acuerdo para tener un sistema tributario más moderno y eficiente. Pero los problemas de la economía no sólo tienen que ver con esto ni mucho menos se resuelven con la aprobación de un pacto fiscal.

Desde fines de 2019 Chile ha estado en medio de una inusual incertidumbre económica que mensualmente medimos en Clapes UC y donde los factores relacionados con el debate constitucional y tributario, las decisiones del Gobierno y la política en general ocupan un rol preponderante. Esta incertidumbre incide negativamente en la inversión y el crecimiento económico, según hemos documentado en distintos estudios.

Se habría esperado que los proyectos de ley enviados al Congreso fuesen textos de consenso, moderados, con respaldo técnico y no refundacionales. Pero no fue así y el resultado es conocido. La reforma tributaria fue rechazada, la de pensiones no avanza, y los adultos mayores y la población más vulnerable sufren los impactos de estas malas decisiones.

Durante los últimos años hemos pasado discutiendo una nueva Constitución y el Gobierno respaldó con fuerza la rechazada propuesta anterior, que en caso de haberse aprobado sin duda habría provocado un deterioro aún mayor de nuestra clasificación.

El crecimiento económico no estaba en el lenguaje oficial hasta hace muy poco. El pacto fiscal, como consecuencia de la presión de muchos, incorporará el crecimiento y la eficiencia del gasto como fuentes de financiamiento del mayor gasto público que impulsa el Gobierno, pero sigue abierto el flanco tributario y eso mantendrá por toda esta administración un foco de incertidumbre relevante.

Por el lado fiscal, entre el segundo y tercer trimestre del año, el gasto público aumentó en US$ 1.000 millones y el presupuesto 2024 está lejos de ser austero. El gasto fiscal crecerá el doble de la economía y el Ejecutivo se endeudará en hasta US$ 21 mil millones adicionales. Con una peor clasificación de riesgo, los costos de la deuda aumentan y reducen espacio para financiar la política social.

Es el estancamiento político y económico, junto con el deterioro fiscal y la falta de definición en temas como la Constitución y el sistema tributario, lo que genera preocupación en las clasificadoras y los inversionistas internacionales. Esto no significa aprobar cualquier reforma que proponga el Ejecutivo, pero sí estar dispuestos a avanzar en los cambios que son buenos para el país, que promuevan el crecimiento, el empleo, que mejoren la calidad de vida de la población y que nos permitan avanzar hacia el desarrollo.

La Constitución podría resolverse en diciembre, pero no es claro que así sea. El debate tributario seguirá abierto y estamos en deuda con la reforma previsional. En este contexto, es necesario hacer un llamado a enmendar el rumbo. La gestión económica y política del Gobierno está al debe y es por ello que S&P cambió el outlook de la deuda. No nos confundamos.